Sumario sin secreto. Florencio Varela on fire: más allá del maquillaje, la Bonaerense sigue siendo la “maldita policía”

“El lugar de subordinación que ocupa la Policía dentro de los poderes del Estado torna imposible creer en su autonomía delictiva; ésos son, en todo caso, los verdaderos ejemplos aislados. Punteros barriales, concejales, diputados, gobernadores, son sus mandantes o protectores, según cargos y capacidad de acción. Detrás de todo gran policía corrupto hay siempre un gran político”.

Esa descripción, precisa e inobjetable, se lee en la introducción de La Bonaerense. Historia criminal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Ed. Planeta). Parafraseando a Rodolfo Walsh, el libro publicado en 1997 por Ricardo Ragendorfer y Carlos Dutil hoy es un crudo testimonio de aquellos difíciles tiempos de hegemonía menemduhaldista.

Allí los autores decían que, dos décadas antes y a las órdenes de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz, la Policía de la Provincia de Buenos Aires había tenido un “salto cualitativo” en su corrupción. “Como siempre en estos casos, lo que empieza como ‘autofinanciamiento operativo’ se convierte en operativo de financiamiento personal; sin que una alternativa sea mejor que la otra”.

El genocida Etchecolatz es, precisamente, uno de los comisarios mencionados por Rodolfo Walsh en su investigación de fines de la década de 1960 sobre la secta del gatillo alegre y la picana, que publicó por entregas en el semanario CGT de los Argentinos.

En 2023, entrevistado por La Izquierda Diario , Ragendorfer afirmaba: “La Bonaerense es como el agua, toma la forma del envase que la contiene. Lo que antes funcionaba como una empresa, quizás la única empresa estatal que funciona, devino en la aparición de una cantidad de hordas policiales autónomas que se disputaron entre sí el negocio del delito”. Ya habían pasado 26 años de la publicación de su libro, cuarenta de los tiempos de Camps y Etchecolatz y 55 de las notas de Walsh.

También pasaron varias gobernaciones. Desde el fin de la dictadura a nuestros días, en el sillón de La Plata se sentaron siete mandatarios. Intercalado con un mandato radical (1983-87) y otro del gorilismo macrista (2015-2019), el peronismo gobernó la provincia más del 80 % del tiempo transcurrido en “democracia”.

Todas las columnas de Sumario sin secreto podés verlas acá

¿Qué hilos de continuidad unen a aquella “secta” genocida con el ejército de casi cien mil uniformados que hoy conduce Javier Alonso, ministro de Seguridad de Axel Kicillof? Algunos hechos ocurridos en las últimas semanas en Florencio Varela, protagonizados por la “maldita policía” (así bautizada en los años 90) tal vez sirvan de modesto muestrario. Con medio millón de habitantes, el municipio del sur del Gran Buenos Aires tuvo sólo dos intendentes en los últimos 32 años. Julio Pereyra y Andrés Watson. Dos amigos íntimos de la Policía.

Te puede interesar: Se resolvió prisión preventiva para el policía bonaerense que asesinó al docente Cristian Pereyra

Una banda descontrolada

A fines de octubre de 2025 los oficiales César Gari y Ariel Lus fueron detenidos en el marco de una causa penal por “extorsión”, “exacciones ilegales” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Según el expediente en manos de la fiscal Nuria Gutiérrez de la UFI 4 de Florencio Varela, Gari les pedía coimas a personas que, por diversos motivos, llegaban a la Comisaría Primera. A algunas, luego de pedirles la respectiva “comisión”, las derivaba a la Secretaría de Recursos Médicos y Análisis de Causas, donde Lus (que además es médico) también les pedía altas sumas de dinero.

El “detalle” es que ambos oficiales pedían transferencias de cientos de miles de pesos a sus cuentas personales. Resultó sencillo descubrirlos. “No puede ser tan pelotudo”, habrá pensado al enterarse Mirta “La Turca” Lus, tía del doctor policial y durante años secretaria del histórico intendente Julio Pereyra.

Gari y Lus eran subordinados del comisario inspector José Gatti, jefe de la Policía Científica de Quilmes con alcances jurisdiccionales en Varela. El martes pasado él también fue detenido a pedido de los fiscales Darío Provisionato y Federico Pagliuca, quienes lo acusan de “encubrimiento” y “robo de pruebas”. Descubrieron que se había llevado a su casa varias notebooks y computadoras que usaban otros cinco miembros de la Comisaría Primera, que estaban presos desde el 2 de mayo.

Para los fiscales, los aparatos que Gatti se llevó de la seccional tendrían información importante que atesoraba la banda integrada, al menos, por el titular de la Primera, comisario Edgardo Oviedo, el jefe del Servicio de Calle, Diego Benítez, y los oficiales Claudio Roldán, Ignacio Lucas y Alexis Lugo. Los delitos de los que se los acusa son varios y variados. Pero, como suele pasar en estos casos, cayeron por un exceso de confianza en sí mismos.

– Dame diez mil dólares o te meto preso - le dijo Benítez a un automovilista en medio de un control vehicular en la esquina de Novak y Aniceto Díaz.

– Tengo cuatro mil encima nomás - respondió el hombre dedicado a la compraventa de chatarra. Llevaba una carga de restos de cobre. Los canas le dijeron que “investigaban” un supuesto robo de cables y que si no pagaba esa cifra lo llevarían preso.

– Conseguí el resto y que te lo traigan - insistió el comisario Benítez. Finalmente se llevaron los U$S 4.000 y el cobre.

Según las fuentes, el chatarrero conoce a uno del Comando de Patrullas. Avisado del asunto, el policía le ofreció acompañarlo a la Primera a reclamar “que le devuelvan lo robado”. El escándalo fue in crescendo y terminó en un sumario abierto en la Auditoría General de Asuntos Internos de La Plata y un expediente en los Tribunales.

Un mes antes de esas detenciones, el laburante Jorge Denis había denunciado a Benítez y sus secuaces por armarle una causa y aplicarle apremios ilegales dentro de la Comisaría. ¿Qué “delito” había cometido? Filmarlos cuando ellos detenían violentamente a otra persona en plena calle. Todo un modus operandi que difícilmente el ministro Alonso y el gobernador Kicillof desconozcan, aunque callen.

El 18 de abril otros tres miembros de La Bonaerense de Varela fueron detenidos. El comisario Javier Paola, titular de la Comisaría Tercera, y sus oficiales del Servicio de Calle Juan Torrado y Sergio Olivera están acusados por el fiscal Pagliuca de “robo agravado”. Un traficante colombiano, que estuvo preso en Estados Unidos, denunció que tras detenerlo en la calle le revisaron sus pertenencias y se quedaron con parte de las joyas que transportaba. Y que luego fueron a la casa de su expareja y se llevaron U$S 4.000.

Por si fuera poco, en la madrugada del 4 de mayo la propia Policía detuvo a uno de sus jerarcas. Fue luego de que una mujer de Berazategui llamara pidiendo auxilio. Cuando los efectivos llegaron a la casa de la localidad de El Pato, se encontraron con otro patrullero en el que estaba el comisario general Gastón Ghe, nada menos que el superintendente de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires.

Ghe estaba más que borracho. Había ido a la casa de su pareja, la amenazó de muerte y le prometió suicidarse. Por eso ella llamó al 911. Al revisarlo, sus camaradas le encontraron $ 13 millones en billetes de cien, quinientos y mil. Todo un recaudador. Al trascender el caso, el ministro Alonso lo sacó de su puesto y nombró en su lugar al comisario mayor Cristian Novelino.

Te puede interesar: Ajuste, hambre y complicidades: la quita del MESA y el vaciamiento de la escuela pública

Paloma y Josué

La tarde del 30 de enero de 2025 Josué Salvatierra de 14 años y Paloma Gallardo de 16 salieron de sus casas con destino incierto. Era normal que pasearan juntos. Pero ese día no regresaron a sus hogares. Ambas familias llamaron al 911 para denunciar sus ausencias. Dos días después sus cadáveres fueron encontrados entre pastizales y vías del tren, en un descampado privado. Muy cerca de allí funciona la Comisaría Cuarta de Bosques.

El caso conmovió al país. Durante días los móviles televisivos se apostaron en las casas de Paloma y Josué, entrevistaron a familiares, amigos y vecinos. Como siempre sucede, un nuevo caso “tapa” al otro y el crimen fue quedando en el olvido. Pero en esos días se habló mucho de la “maldita cuarta de Bosques”. Es que tanto esa seccional como la misma Dirección de Investigaciones con asiento en Quilmes hicieron (y hacen) todo para que el caso no se esclarezca.

La versión policial (mediáticamente tomada como verdadera) insiste con que fueron víctimas de un intento de robo a mano de dos jóvenes conocidos de la zona. Las familias, su abogado y casi todo Varela, en cambio, nunca dejaron de señalar a la Policía. “De mínima, están encubriendo, aunque podrían haber participado directamente del crimen”, es un comentario extendido. Hasta denunciaron espionaje ilegal en las marchas por justicia.

En una de las movilizaciones, los seres queridos de Paloma y Josué detectaron a un grupo de personas que les sacaban fotos desde un Chevrolet Corsa gris oscuro. Al acercarse y preguntarles quiénes eran, intentaron irse sin identificarse. Pero reconocieron ser policías de civil que cumplían órdenes del comisario Edgardo Oviedo, el entonces mandamás de la Cuarta que luego del caso fue trasladado a la Primera. Sí, el mismo que fue detenido hace ocho días. Huelga decir que, pese a que se apartó a la Bonaerense del caso y el fiscal Hernán Bustos Rivas fue obligado a abandonar el expediente, el doble crimen sigue impune.

Los juegos del Pequeño J

Es probable que el autor intelectual de las crueles torturas y posterior asesinato de Brenda Del Castillo (20 años), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20) haya sido Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “El Pequeño J”. El joven peruano, también de 20 años de edad, acaba de ser extraditado desde Perú (a donde se había fugado tras el hecho) para ser juzgado junto a otras diez personas por el triple femicidio cometido en septiembre del año pasado.

Las pibas fueron secuestradas en La Matanza, pero el crimen se consumó en una casa de la calle Chañar al 700 del barrio Villa Vatteone de Florencio Varela. Hasta el momento, ninguno de los acusados es policía y gran parte de los allanamientos y detenciones estuvieron a cargo de la propia Bonaerense. El expediente se tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. Pero una pregunta se impone, ¿la fuerza provincial no tuvo nada que ver?

Según las fuentes judiciales, en la causa no sólo se investigan las tres muertes. También habría pruebas de un sinfin de actividades criminales previas cometidas por la banda liderada por la familia Valverde Victoriano, que van desde el narcomenudeo hasta la trata de personas y el lavado de dinero. Y, como se sabe, nada de eso podría funcionar sin la autorización policial.

¿De cuánta impunidad habrán creído gozar Pequeño J y sus cómplices para planear, organizar y consumar semejante atrocidad? ¿Cuántos crímenes previos habrán cometido para pensar que éste podría pasar desapercibido en un conurbano ensangrentado? ¿Cuántos de esos hechos sucedieron a espaldas de la Policía Bonaerense? ¿Cuánto cobraban los comisarios varelenses para dejarles las “zonas liberadas” y encubrir los efectos colaterales de esos negocios?

Está bien que la banda haya caído y que el triple femicidio no quede impune. El Estado es responsable de esclarecer el caso y darle algo que se asemeje a la “justicia” a las familias de Brenda, Lara y Morena. Pero la población trabajadora de La Matanza, Varela y todo el conurbano merece saber toda la verdad. Aunque declame su inocencia, Pequeño J ya tiene el boleto picado. Saber quién maneja ahora sus negocios es más complicado. Mucho más con La Bonaerense de por medio.

“Los Paisas” del comisario Rodríguez

Consultados por La Izquierda Diario, docentes que trabajan en escuelas públicas de Florencio Varela coinciden en afirmar que, “lejos de lo que dicen los medios, la Bonaerense está muy presente en los barrios, sobre todo organizando el delito y verdugueando a los pibes”. Una situación, afirman, que “existe en todo el Conurbano, pero acá pareciera que lo hacen con mucha más impunidad que en otros lados”. La conclusión es razonable.

En noviembre pasado, el sitio La Barriada publicó un artículo titulado “Los Paisas”: la banda de narcomenudeo que no existe en Florencio Varela . Allí dio detalles de lo que es vox populi en el sur del Gran Buenos Aires pero pocos se animan a denunciar.

“Hace menos de una década, la venta de drogas se comenzó a instalar en los campos lindantes a la zona urbana o semirural de Florencio Varela. La compraventa de drogas, para la cual los pibes vulnerables hacen largas filas, es conocida por las familias vecinas, las fuerzas policiales, el gobierno municipal y los concejales opositores… ¡pero todos fingen qué no pasa nada!”, dice la nota.

En el sur del Gran Buenos Aires es muy conocido el comisario mayor Ramón Rodríguez, quien entre 2020 y 2023 estuvo al frente de la Estación de Policía local. Allí lo puso Sergio Berni apenas asumió como titular de la cartera de Seguridad del flamante gobierno de Kicillof. Mediante el decreto 141/2020 el gobernador hizo cambios en la organización territorial de la fuerza represiva. El objetivo era maquillar un poco aquello que, rascando, destila pus por todos sus poros. Todo con el aval del intendente Watson.

Ante la sucesión de hechos violentos ocurridos en los inhóspitos terrenos varelenses, el comisario Rodríguez lanzó la “noticia” de que todo era culpa de Los Paisas, una supuesta banda narco a la que calificó de “poderosa” y “peligrosa”. Sin embargo, nunca pudo demostrar su existencia.

En noviembre de 2023, poco antes de que Berni dejara el Ministerio en manos de Javier Alonso, el comisario Rodríguez fue apartado de la Distrital de Varela. Fue después de la detención de seis de sus subordinados, en el marco de una causa por cobro de coimas y venta de drogas. Según dijeron entonces desde la Auditoría General de Asuntos Internos, las comisarías Primera, Segunda y Sexta de Varela eran parte de una red delictiva que operaba desde hacía un año antes.

“Si ‘Los Paisas’ fuera una poderosa banda que ocupó decenas de campos, ¿cómo es que no se conocen sus jefes y su entramado organizativo después de tantos años?”, se preguntaba el artículo de La Barriada de noviembre pasado, cuando la Bonaerense volvió a mencionar a la supuesta banda. Y recordaba que a fines de agosto del 2020 la propia Policía había difundido que el grupo había sido desarticulado. “Hubiese sido una gran noticia”, ironizaba el portal noticioso, si no fuera porque la banda “jamás existió”.

“Lo que sí existe es el hecho de que, según diferentes fuentes, la propia Policía Bonaerense gestiona los campos donde diferentes grupos venden drogas a cambio de dinero y garantizar que las violencias que puedan surgir no se extiendan a la zona céntrica o a los barrios que rodean al centro varelense”, concluía. Nada muy diferente a lo dicho por Ragendorfer y Dutil en su libro de 1997.

El inolvidable Zisuela

Todo Varela recuerda el caso del histórico dirigente peronista y exconcejal Daniel Zisuela, quien tras ser valientemente denunciado por varias pibas fue condenado en 2021 a trece años de prisión por encabezar una red dedicada a la “facilitación y promoción de la prostitución de menores de 18 años, facilitación y promoción de la prostitución de personas mayores de edad agravada y corrupción de menores agravada”.

Todo Varela sabe que es imposible que esa red funcionara sin la ayuda directa de comisarios, oficiales y suboficiales. Sólo quien no tenga la honestidad como principio podrá negar tal certeza.

“Ese caso destapó buena parte de la podredumbre del poder político”, dicen a este diario docentes que día a día conversan con miles de niñas, niños y adolescentes en las escuelas. Es que Zisuela fue mano derecha del inoxidable intendente Julio Pereyra, alfil de Sergio Massa en la Zona Sur y, durante años, secretario general de la regional de Utghra, el sindicato gastronómico que maneja a nivel nacional Luis Barrionuevo.

Al corruptor de menores lo defendió Omar Luis “El Turco” Daer, otro personaje del paisaje conurbano. Empresario allegado a Aníbal Fernández, el abogado fue asesor en el Senado del expresidente Carlos Menem, a quien defendió en causas como la del encubrimiento del atentado a la AMIA y la del contrabando de armas a Ecuador. También patrocinó al comisario de la Bonaerense Alfredo Fanchiotti, uno de los asesinos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En 2015, gracias a su nefasto amigo y juez de la Corte bonaerense Luis Genoud, llegó a ser durante siete años conjuez del máximo tribunal provincial.

En enero de 2022 Daer no tuvo mejor idea que pegarse un tiro en el cuello para “resolver” una supuesta discusión marital. Fue en su casa del cheto Barrio Parque de Bernal. De casualidad no murió. Su pareja y socia María Attolini dijo que minutos antes habían discutido. Según las crónicas periodísticas, un hijo de un matrimonio anterior del Turco dudó de esa versión y pidió que se investigara el caso por posible tentativa de homicidio. Era César Daer, en ese entonces pareja de Mayra Mendoza, la intendenta camporista de Quilmes. Si las paredes de la coqueta casa de Bernal hablaran…

El líder peronista Daniel Zisuela murió en enero del año pasado, a los 64 años, en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Semanas después, el mismo Tribunal Oral 1 de Quilmes que lo había condenado lo sobreseyó por “extinción de la acción penal” (algo habitual cuando fallece el imputado). Pero, mal que le pese a su familia, su apellido no pasará fácilmente al olvido.

En abril arrancó en los mismos Tribunales de Quilmes otro juicio, titulado Zisuela II, donde siete personas están acusadas de haber sido partícipes secundarias en buena parte de los delitos por los que el viejo referente peronista fue condenado hace cinco años. La encargada de dictar sentencia será la jueza María Florencia Butiérrez del Tribunal Oral Criminal N°2 de Varela.

Te puede interesar: Salarios que no alcanzan, deudas que crecen: la realidad de las docentes de PBA

El silencio no es salud

Es comprensible que Kicillof, su ministro Alonso, el resto de su gabinete y hasta el subsecretario de Derechos Humanos Matías Moreno callen sobre estas aberraciones. Saben que sus compromisos políticos y sus medidas de gobierno no hacen más que perpetuar un estado de cosas que cada día desangra más a la población bonaerense. No es a ellos, gerentes del criminal Estado capitalista, a quienes se les debe pedir verdad y justicia. ¿Pero por qué también callan quienes se dedican a informar?

Un relevamiento publicado en febrero por el sitio El Disenso mostró que en 2025 el gobierno de Unión por la Patria “invirtió” al menos $ 62.500 millones (unos U$S 50 millones) en pauta publicitaria distribuída entre los grupos mediáticos más grandes. La encargada de ese reparto fue la (¿ex?) camporista Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública bonaerense. En el top ten de los destinatarios están Indalo (C5N y Radio Diez, entre otros), América, Crónica, El Destape, Clarín, Infobae, Perfil, Octubre (Página|12 y AM 750, entre otros), Telefe y La Nación.

En diciembre pasado La Izquierda Diario te contó que Rey había dejado sin trabajo a una veintena de laburantes precarizados de Radio Provincia y que habría un virtual plan de vaciamiento de la emisora estatal. Al igual que con gran parte de los escándalos policiales de Florencio Varela, en ese caso las grandes empresas periodísticas ocultaron esos despidos.

El staff político capaz de reivindicar, sin solución de continuidad, a apologistas del crimen como José Ignacio Rucci y a denunciantes de esos crímenes como Rodolfo Walsh, es el que habla de “derechos humanos” mientras empodera sin parar a esa maldita policía que acumula décadas de enriquecimiento ilícito y muertes al por mayor. Es el mismo staff que, mientras le hace la venia a los comisarios, garantiza el derrumbe de las escuelas bonaerenses. Esas escuelas a las que van millones de Paloma, Josué, Brenda, Lara y Morena. Que te hablen después de “derecho al futuro”.