Dossier "Centroamérica: El Enemigo Interno como política de Estado"
El objetivo de este texto es abordar el papel del Estado en la emisión de la representación social del Enemigo Interno, fundamentalmente a partir de argumentos establecidos en manuales de guerra contrainsurgente. Éstos se caracterizan como ideologemas que recaen sobre actores y sujetos sociales concretos. Representaciones construidas a partir de la cultura autoritaria imperialista, como el anticomunismo, y de lógicas estatales contrainsurgentes inspiradas en concepciones dualistas de lo político, como la de amigo-enemigo de Carl Schmitt, un pilar de la ideología utilizada por Estados Unidos en la Doctrina de Seguridad Nacional, en el contexto de la Guerra Fría, cuyo resultado fue la conformación del Enemigo Interno del Estado, concepto que persiste hasta la actualidad.
El carácter de lo político en la concepción del Enemigo Interno
El carácter de lo político puede rastrearse en la alteridad “negativa” descrita por Carl Schmitt, jurista alemán simpatizante del fascismo que, tras la derrota nazi de 1945, fue reconocido como politólogo en la República Federal Alemana. Es a él a quien se le puede atribuir tempranamente el concepto de Enemigo Interno en su obra El concepto de lo político (1932).
Para Schmitt, lo político consistiría en una especie de propiedad del Estado sobre una sociedad que debe ser homogeneizada. Lo político es, entonces, el elemento que da unidad al papel del Estado, donde la soberanía —entendida como la representación popular encarnada en el Estado, no como el pueblo llano liberal al que critica— queda subordinada al accionar del soberano, por ser quien está investido del poder constituyente de la nación. Así, los adversarios de la nación (internos o externos), por su diferencia o potencial diferencia, se convierten en el objeto de lo político, entendido como el arte de distinguir entre amigo y enemigo.
A finales de la década de 1960, en un contexto de convulsiones sociales a nivel global, Schmitt escribe otro importante trabajo, esta vez enfocado en el carácter de la guerra irregular revolucionaria: Teoría del partisano. En él destaca que la figura del partisano o guerrillero no tiene cabida dentro del derecho clásico de guerra, por lo que es considerado fuera de la ley y calificado como delincuente.
El planteamiento de Schmitt, pese a resaltar la figura de revolucionarios como Lenin y Mao, considerarlos como los exponentes más conspicuos del significado del enemigo absoluto y de considerar que en la dualidad regular/irregular, este no puede traspasar el campo ficticio de otra dualidad legal/ilegal, sin poder transcender a comprender a cabalidad tal fenómeno. Para Schmitt, Vladimir Ilich Lenin, seguido por Mao Tse-Tung, retomando a Clausewitz, lleva al extremo la concepción amigo/enemigo, convirtiendo al enemigo en absoluto a través de la lucha de clases. Esta, según el teórico alemán, ya no cuestiona únicamente al Estado, sino a todo el edificio social.
En el caso guatemalteco, lo de la Teoría del partisano de Schmitt, esto se tradujo, en la práctica, en declarar criminal al irregular, como lo evidenció la Doctrina de Seguridad Nacional y la de Estabilidad Nacional, vital en la derrota de la insurgencia en los años ochenta u obligarla a negociar la paz en condiciones desfavorables.
Esta insurgencia, aglutinada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), además de los fuertes ofensivas militares desde el Estado con apoyo estadounidense, fue debilitada también por el contexto internacional tras la crisis y derrumbe de la URSS. Así, pasó de un programa que hablaba de revolución democrática con cambios estructurales, basado en el etapismo estalinista , a uno completamente adaptado al régimen político de las democracias limitadas, surgido de los acuerdos de paz.
La Seguridad Nacional base del Enemigo Interno en Guatemala
El Enemigo Interno se institucionaliza en Guatemala mediante la Doctrina de Seguridad Nacional, en el marco de la Guerra Fría, impuesta por Estados Unidos como pilar de su política exterior, subordinando a los ejércitos de los países capitalistas, especialmente en América Latina y Centroamérica.
En Guatemala se tiene una primera oleada de carácter guerrillero a inicio de 1960 que entrará en debacle por las fuertes embestidas militares, y donde tendrá su ensayo en el plano bélico y político la aplicación del enemigo interno, centrado en el “anticomunismo”.
Pero tras la derrota de Estados Unidos en Vietnam, el ascenso de luchas en Argelia, como en Europa con el Mayo francés, la Primavera de Praga (1968) —que provocará un debilitamiento del bloque soviético— a lo que se sumará la distensión entre potencias en los años setenta, se inicia una nueva etapa de ascenso de luchas obreras, campesinas y de la juventud radicalizada en Centroamérica. El temor al triunfo de la revolución en Nicaragua 1979, que se acrecentó sobre todo en El Salvador donde en 1980 se estuvo a punto del derrocamiento de la dictadura por acción de las grandes masas, y en menor medida en Guatemala, llevó a usar a Honduras como base de operaciones militares contra el sandinismo y de colaboración con los ejércitos regionales para combatir a las organizaciones insurgentes y buscar derrotar el ascenso de masas en el Itsmo Centroamericano.
La estrategia contrainsurgente no fue solo militar. Buscó “quitarle el agua al pez”, es decir, eliminar las bases sociales de la insurgencia, especialmente del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), que tenía presencia en el noroccidente del país con apoyo de comunidades mayas. En municipios de Quiché, Sololá, Totonicapán y Chimaltenango se crearon las Fuerzas Insurgentes Locales con el respaldo de comunidades indígenas, que fue una base social militarizada en función del proyecto insurgente.
La respuesta del Estado fue la masacre sistemática de esas poblaciones entre 1981 y 1983, lo cual constituyó un etnocidio y, más ampliamente, un genocidio. A esto se sumó la reubicación forzada en comunidades militarizadas y la creación de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que llegaron a contar con hasta un millón de integrantes.
Cabe señalar que esta masacre fue la continuación de la represión contra el movimiento sindical y popular urbano y los trabajadores agrícolas de la costa sur, con métodos igualmente brutales, que adquirieron niveles de guerra civil de acuerdo a estudiosos del tema en la región. Aunque no es el objetivo aquí discutir las causas de esta derrota que se tendrá a posterior que hace a una discusión más extensa, lo importante a destacar es justamente el ascenso que cundía entre amplios sectores de masas, incluso con ánimos insurreccionales.
Sin embargo, este ánimo insurreccional se desarrollaba a finales de los años 70, a partir de luchas parciales de sectores obreros, populares, estudiantiles, etc., y el planteamiento del derrocamiento revolucionario del gobierno de Lucas García. Ante la represión brutal del Ejército contra las comunidades mayas ixiles y quichés, resistieron heroicamente en las montañas y en la selva, bajo el nombre de Comunidades Populares en Resistencia o migraron a México y, más tarde, a la periferia urbana de la Ciudad de Guatemala, cambiando su fisonomía para siempre.
La represión también fue acompañada por un cambio de estrategia del gobierno estadounidense ya a finales de la presidencia de Ronald Reagan y del ejército de Guatemala, con la “apertura democrática” controlada por las élites, alentada por el imperialismo y respaldada por aliados como Israel, que no era otra cosa que el desmantelamiento completo y derrota de los procesos de luchas en curso. Esto culminó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1984, que excluyó a la izquierda y fue dominada por la socialdemocracia y el socialcristianismo, marcando la impronta de la actual Constitución Política.
Un marco político que languidece
En 1985 triunfa la Democracia Cristiana, que por primera vez garantiza ciertos derechos humanos y libertades civiles, y promueve elecciones relativamente libres. Este marco se fortalece con los Acuerdos de Paz firmados en 1996, luego de 5 años de negociaciones, que buscan ampliar derechos humanos en sus dimensiones sociales, económicas, culturales y ambientales, bajo la idea de una democratización lenta pero progresiva del Estado que, en la práctica, no se ha materializado.
El ejército modificó su doctrina en la segunda mitad de los años ochenta con la Tesis de Estabilidad Nacional, que lo presentó como apolítico y garante de la estabilidad bajo una democracia formal pos-1984. Posteriormente, esta función fue asumida por la Corte Constitucional, sobre todo después del golpe de Estado de Jorge Serrano Elías en 1993.
Tras la firma de la paz y la incorporación de la exinsurgencia guerrillera a la vida política mediante su participación como partido electoral, el proyecto político que traían del período anterior comenzó a desintegrarse. Por un lado, derivó en un electoralismo sin fuerza, a pesar de que en 1999 la izquierda unificada se convirtió en la tercera fuerza en número de diputados obtenidos; sin embargo, a partir de entonces, predominó el divisionismo. Por otro lado, las fuerzas sociales que habían conformado ese proyecto de unificación de fuerzas en el pasado cayeron en una serie de particularismos y luchas por demandas muy parciales, además de priorizar métodos propios de las ONG, centrados en la gestión de fondos, lo que las alejó de las formas tradicionales de organización popular.
El modelo económico por su parte adquirió un semblante claramente extractivista, donde las lógicas de ganancia capitalista se asentaron sobre todo en la explotación de los bienes comunes naturales, afectando nuevamente la sobrevivencia de comunidades rurales generando a partir de la primera década del siglo una serie de movilizaciones comunitarias en contra de la presencia de proyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros, de agro alimentos y agro combustibles, entre otros.
Esto no quiere decir que los elementos clásicos de extracción de plusvalía capitalista no dejen de funcionar, es decir de la explotación del trabajo asalariado y la reposición de esa fuerza de trabajo con salarios muy bajos, manteniendo algún equilibrio con cierta capacidad de compra y consumo de productos de primera necesidad fabricados por la industria nacional, de baja calidad y no muy caros.
El actual gobierno del Movimiento Semilla, con Bernardo Arévalo a la cabeza, pese hacer constantemente atacado por elementos de las llamadas mafias del poder —las cuales se pueden rastrear en los procesos de acumulación de poder económico y político a partir de la contrainsurgencia, es decir lo que dejó el ejército cuando se alejó del poder formal y la Tesis de Estabilidad Nacional— que consideran a Semilla como un peligro, no han intentado transformar el modelo extractivista y de salarios bajos y violaciones a los derechos laborales.
En la actualidad se maneja el uso de ciertas imágenes qué sirven para construir ideologemas siempre en la tónica de establecer un enemigo interno que se opone al orden social capitalista que descalifican desde ciertas instituciones del Estado burgués neocolonial. Ejemplo de esto, es la descalificación y represión a las personas que defienden derechos humanos o quienes contrarían los procesos de acumulación capitalista bajo las tónicas del extractivismo, las comunidades en la defensa de su territorio y sus bienes comunes; o en la defensa de los derechos laborales en la mayoría de empresas que criminalizan el sindicalismo o dentro de la institucionalidad pública, así como también de los derechos estudiantiles.
Así, desde actores con poder ligados a estos procesos de acumulación, entre ellos las economías criminales en contubernio con agentes del Estado dentro del MP y los tribunales, pero también desde la administración gubernamental ahora con un gobierno de discurso progresista; se generan imágenes de descalificación y construcciones racional-emotivas para operar después distintas acciones. Tales como la persecución legal o la eliminación física.