Esta entrevista con Elsa Marcel, la abogada de Anasse Kazib, fue publicada originalmente en francés en Révolution Permanente Dimanche, el 14/6/25, en vísperas del juicio promovido por el Estado francés contra Anasse Kazib, obrero ferroviario, dirigente de SUD-RAIL y portavoz de Révolution Permanente, organización hermana del PTS en Francia.
Finalmente, como resultado de una intensa campaña en defensa de Anasse, a la que se sumaron referentes como Jean-Luc Melenchon y Rima Hasan, Nancy Fraser, Frederic Lordon y Assa Traoré, el juicio fue postergado hasta el año que viene, realizándose el 18 de junio una manifiestación con más de dos mil personas en la puerta del Tribunal, en la que se destacaron más de 200 trabajadores del ferrocarril que pararon para participar de la acción.
Resulta interesante analizar los fundamentos jurídicos y políticos de este juicio, que sin duda es contra todos aquellos que quieran pronunciarse contra el genocidio de Israel y por la defensa de la opresión y la matanza en Palestina.
El miércoles 18 de junio se celebrará el juicio de Anasse Kazib y otro activista de la Revolución Permanente, procesados por apología del terrorismo. Elsa Marcel es su abogada, junto con Prisca Ancion, Romane Bartoli y Julie Gonidec. Analiza los desafíos de este juicio y la construcción de una defensa política capaz de convertirlo en un punto de apoyo para el movimiento de solidaridad con Palestina.
El miércoles 18 se celebrará el juicio contra Anasse Kazib y otro activista de la Révolution Permanente por apología del terrorismo. ¿Qué revela este juicio sobre la situación política francesa?
La denuncia contra Anasse Kazib forma parte del proceso de criminalización de la solidaridad con Palestina, que se ha intensificado durante el último año y medio. Este proceso comenzó con la prohibición total de las manifestaciones en apoyo a Gaza, luego de la respuesta de Israel a los hechos del 7 de octubre, y continuó con procesos penales contra numerosas personas, entre ellas, un niño de 13 años, así como contra líderes políticos, sindicales y comunitarios. Esta criminalización moviliza dos mecanismos legales.
El primero es la figura de la “incitación al odio racial”, que apunta a equiparar cualquier crítica al Estado de Israel con el antisemitismo. Recientemente, defendí a un hombre acusado de incitación al odio racial porque presentó un folleto político que decía: “[Bezalel] Smotrich, terrorista fascista”. Algunos fiscales consideraron que se trataba de un panfleto antisemita, aunque mi cliente fue finalmente absuelto.
El segundo es la “apología del terrorismo”, que condena cualquier toma de posición sobre el 7 de octubre y sobre el conflicto que se aparte de la que prevalece en los Estados francés, estadounidense, israelí y la Unión Europea. A estos dos motivos se suman otras formas de represión, como la disolución del colectivo Palestine Vaincra y la de Urgence Palestine, aunque no se implemente en acto, o la congelación de los bienes de uno de sus portavoces, Omar Alsoumi. ¡Así, pueden movilizar a todo un sistema represivo por simples tomas de posición!
¿Cómo llegamos hasta aquí?
La “apología del delito” se remonta a 1893-1894 y sirvió al Estado para reprimir el movimiento anarquista. Este delito permite que un abanico mucho más amplio de personas quede atrapado en la red de la represión penal, ya que no castiga la comisión de un acto, sino el hecho de ensalzarlo, y que así se condenen opiniones o intenciones. El régimen de la apología fue modificado radicalmente en 2014 por la ley del Partido Socialista, que sacó este delito de los delitos de prensa y lo incluyó en el capítulo de las infracciones terroristas, lo que presenta cambios significativos. Se trata de cambios ideológicos, puesto que ya no se discute si se sobrepasan o no los límites de la libertad de expresión, sino que nos encontramos prácticamente en el primer escalón de la clasificación de los delitos de terrorismo. Cambios procesales también, ya que ahora es posible movilizar el arsenal antiterrorista –en particular determinados procedimientos de investigación y vigilancia– e imponer penas mucho más duras o incluso el procesamiento inmediato (algo imposible para los delitos de prensa). Si el Partido Socialista realizó un trabajo exhaustivo sobre la apología del terrorismo, el macronismo le puso la cereza a la torta en 2021 con la ley de separatismo, que permitió, entre otras cosas, que este delito fuera motivo de inclusión en el Fijait. el registro de autores de delitos terroristas, que es muy engorroso y restrictivo para quienes están incluidos en él. Exige, por ejemplo, declarar cualquier viaje al extranjero o proporcionar cada tres meses el domicilio a la policía.
En definitiva, solo bastaron unos años para que la apología del terrorismo se convirtiera en un arma de destrucción masiva contra la libertad de expresión. Esto también lo confirman las estadísticas: además de las 14 condenas por apología del terrorismo entre 1994 y 2014, solo en 2015 se produjeron más de 330 condenas, que apuntaron a un gran número de menores de edad y que resultaron en penas de prisión. Esta legislación fue denunciada en 2014 por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, quienes explicaron que daba pie a la arbitrariedad debido a la vaguedad de la definición de terrorismo. El abogado penalista Henri Leclerc afirmó que se trataba de una ley utilizada para condenar a “borrachos y menores de edad”.
A partir del 7 de octubre de 2023, este delito se aplicará de una forma sin precedentes, ya que podrá utilizarse para castigar declaraciones sobre un conflicto o un acto que ni siquiera ocurra en territorio francés y que involucre a organizaciones que no estén clasificadas como terroristas por las organizaciones internacionales. A diferencia de Daesh o Al-Qaeda, que son organizaciones clasificadas como terroristas por las Naciones Unidas, solamente Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, Canadá y, por supuesto, Israel clasifican a Hamas como organización terrorista. En este contexto, se va un paso más allá con el uso del delito de apología que se hizo después de lo sucedido en el Bataclan, por ejemplo, cuando se condena a los partidarios de Palestina si caracterizan al movimiento nacional palestino como “movimiento de resistencia”. De hecho, esta calificación es defendida por numerosos historiadores, periodistas y académicos, quienes explican claramente que el término “resistencia” se refiere al campo militar de las poblaciones colonizadas que se enfrenta al ejército regular de un Estado ocupante. Su uso no implica adhesión política a todas las organizaciones que integran este bando, sino que se limita a describir una realidad objetiva en el marco de un conflicto asimétrico.
Esta nueva extensión de la aplicación, particularmente represiva, llevó al exjuez antiterrorista Marc Trévidic a denunciar un “verdadero abuso” y un “uso totalmente abusivo de la ley”. Y en todo el mundo, Francia recibe críticas por el uso de esta infracción. La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de la ONU escribió una carta abierta al ministro de Justicia en abril de 2024, advirtiendo del uso del sistema para perseguir a dirigentes políticos, comunitarios y activistas. Insiste respecto de la ilegitimidad de utilizar la justicia penal para forzar a la población a alinearse con lo que dice Macron sobre la cuestión palestina.
La libertad de expresión debe fortalecerse aún más cuando está en juego un conflicto internacional. De lo contrario, se corre el riesgo de que se le otorgue al Estado francés una especie de derecho a ser la autoridad para caracterizar los conflictos e influir en la opinión pública a su favor. Es interesante relacionar la criminalización del apoyo a Palestina y los juicios contra activistas antimilitaristas en la década de 1910. Al leer la defensa de Rosa Luxemburg ante el tribunal de Fráncfort en 1914, sorprende la gran similitud entre los delitos utilizados para criminalizar su actividad política y los utilizados en la actualidad. Ella es muy criticada por sus discursos en las manifestaciones y su agitación política contra la guerra y el patriotismo alemán. Se trata de la misma categoría de delito —“la apología de”, “el llamamiento a”, que se dirige contra el acto mismo de defender posiciones directamente opuestas a las del régimen. Pero hay que darse cuenta de que esta criminalización de las opiniones políticas tiene un doble filo: al no acusar sobre la base de la comisión de un hecho material, al no haber debates sobre hechos, sino solo debates sobre intenciones y posiciones, es cuando se puede construir con fuerza una defensa política ante los tribunales.
¿En qué tradición se inscribe esta concepción de defensa política y qué significa?
Ha existido en todo el mundo, pero particularmente en Francia, una tradición de defensa política que considera el problema de la confrontación con la justicia como parte integrante de la lucha de clases y como un momento ineludible de la lucha política. Pensemos en Lenin, quien apelaba a utilizar la sala del tribunal para dirigirse a las masas, pasando por alto a los jueces, pero también en los abogados de los militantes insurgentes del Frente de Liberación Nacional Argelino, quienes explicaron que una defensa que se detuviera en el ámbito judicial era comparable a una corrida de toros en la plaza: sin salida, era imposible ganar. También podemos pensar en los grandes juicios antimilitaristas, en cómo Rosa Luxemburg o Karl Liebknecht declararon que no estaban allí para defenderse, sino para acusar, y en cómo demostraron que, si estaban procesados, era por su posición política y por su impacto en las masas en momentos de gran polarización social.
A veces pienso en esta frase, de un pequeño manual escrito por el colectivo de abogados que defendió a los revolucionarios argelinos, al que pertenecía Jacques Vergés, que dice: “Ante la magnitud de la protesta que el gobierno francés levanta contra su política, paradójicamente se ve obligado a multiplicar el número de juicios en los que su política se cuestiona cada vez más duramente. (…) Los supuestos fiscales liberales y los comisarios de gobiernos ultra se preguntan: ¿cómo salir ganadores, aunque sea una sola vez, de un juicio político? Y aunque sus auxiliares no escatiman ni inmersiones en las bañeras, ni sopletes de acetileno, ni corriente eléctrica, cada vez, y cada vez más, los juicios políticos los vuelven a confundir. Estos ingenuos maquiavélicos solo olvidan una cosa: que, frente a enemigos valientes, un juicio político solo se gana cuando uno tiene razón. Se olvidan de una cosa: están equivocados”. Aunque el contexto y los temas son diferentes, esta manera orgullosa y política de acercarse al público es muy inspiradora.
También estudio la labor de Jean-Paul Sartre y de todos los intelectuales que lideraron los “Tribunales Russell”, en particular, el creado para juzgar los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. La idea, obviamente, no era lograr una condena judicial como tal, sino generar un gran movimiento de agitación e imponer la definición de "genocidio" con fundamento político ante la impunidad estadounidense. Dado que la justicia estatal siempre es la de los vencedores, solo una amplia movilización democrática puede difundir una contranarrativa y defender la memoria de los oprimidos. Esta tradición de defensa política fue muy rica hasta la década de 1980, pero luego se disolvió gradualmente. Con la contrarrevolución neoliberal, pero también bajo la influencia del mitterrandismo, los abogados adoptaron estrategias mucho más defensivas, invocando, en particular, los principios de la democracia liberal, aunque estos sean cada vez menos respetados.
Es esta tradición la que buscamos recuperar, considerando, como dije antes, que el regreso de la criminalización política en el sentido estricto del término puede ser una oportunidad para recuperar formas de defensa más ofensivas. Concretamente, en el contexto del juicio de Anasse Kazib, con mis colegas Prisca Ancion, Romane Bartoli y Julie Gonidec también a cargo de la defensa, esto significa darse cuenta de que la cobardía política sirve en un tribunal. Pero también buscamos utilizar este juicio para generar una gran movilización. No solo porque la decisión del juez depende de la presión externa y de la relación de fuerzas democrática que logremos imponer, sino también porque consideramos que el juicio puede servir de plataforma para desarrollar posiciones políticas hasta el final. Este último punto es particularmente importante dado que el genocidio palestino está alcanzando proporciones absolutamente abominables, que Israel parece más aislado que nunca y que el juicio de Anasse Kazib coincide con el discurso de Macron en la ONU sobre la cuestión palestina.
Se puede utilizar este proceso como base para acusar a Francia de complicidad en el genocidio, no solo porque financia y arma a Israel, sino también porque persigue a personas que, aquí en Francia, defienden la solidaridad con los palestinos.
Concretamente, ¿cómo se construyó la defensa de Anasse Kazib y del otro compañero de RP?
Intentamos tomar al pie de la letra el hecho de que se haya criminalizado el apoyo a Palestina. Para ello, movilizamos a los principales expertos en la cuestión palestina, y declararán varios testigos: el periodista Alain Gresh, especialista en Oriente Medio y fundador del sitio web Orient XXI; Rony Brauman, médico comprometido en la acción humanitaria y expresidente de la asociación Médicos Sin Fronteras; Eugénie Mérieau, politóloga y abogada constitucionalista francesa; y Pierre Stambul, copresidente de la Unión Judía Francesa por la Paz. Otras personas nos enviaron testimonios escritos, como Omar Bartov, historiador y especialista en el Holocausto y el genocidio, quien sirvió durante varios años como oficial en el ejército israelí; Richard Anderson Falk, especialista en derecho internacional y exrelator especial designado por la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967; Serge Halimi, periodista e historiador, exdirector de Le Monde diplomatique; e Ilan Pappé, especialista en conflictos, autor y fundador del Instituto Académico para la Paz en Israel. Todos testificarán durante el juicio para demostrar que las posiciones de apoyo a la resistencia y al bando de los oprimidos no datan del 7 de octubre, sino que han sido la base de la postura anticolonial y antiimperialista desde que existe la opresión colonial. Incluso pudimos intercambiar opiniones con Marc Trévidic, exjuez de instrucción de la unidad antiterrorista del Tribunal Superior de París, quien examina los abusos del delito de apología del terrorismo para condenar posiciones que forman parte del debate público.
El objetivo de estos testimonios es dotar de mayor sustancia a la audiencia y contrastarlos con el carácter sistemático y trivial de las condenas que se han sucedido en silencio durante meses. También queremos demostrar que las posturas de apoyo a Palestina son las que tienen mayor fundamento histórico y científico, y demostrar que el objetivo de la querella es impedir que una figura pública denuncie lo que sucede en Gaza y la complicidad de las instituciones occidentales en el genocidio.
Paralelamente al trabajo legal para construir una defensa política ante los tribunales, en los últimos meses hemos liderado una importante campaña democrática de apoyo a la libertad de expresión y contra la criminalización del apoyo a Gaza, bajo el lema “Absolución para Anasse Kazib y para todos los acusados”. En este contexto, iniciamos una campaña de apoyo firmada por más de mil figuras públicas y políticas internacionales, organizamos una importante rueda de prensa con la activista franco-palestina y eurodiputada Rima Hassan, el activista antirracista Assa Traoré y el filósofo Frédéric Lordon, así como una mesa redonda sobre la criminalización del apoyo a Palestina con numerosos abogados y politólogos como Eugénie Mérieau y Vanessa Codaccioni. También buscamos desplegar esta campaña de apoyo en el movimiento obrero, empezando por las organizaciones sindicales y en los centros de trabajo, en particular en la SNCF, dado que Anasse Kazib es ferroviario y dirige SUD-Rail, pero también de forma más amplia. También nos apoyamos en la gran reunión internacionalista organizada por Révolution Permanente y su movimiento internacional en París el 24 de mayo para dar una dimensión internacional a la campaña de apoyo. El día del juicio, se organizarán manifestaciones en varios países, y estamos recibiendo muestras de solidaridad de todo el mundo exigiendo la absolución de Anasse Kazib y de todos aquellos que han sido reprimidos en el movimiento de solidaridad. Una manifestación en Argentina, organizada por la organización hermana de Révolution Permanente, el Partido de los Trabajadores Socialistas, congregó a cientos de personas frente a la embajada francesa. Como señala Myriam Bregman, estos procesos judiciales muestran la verdadera cara de las democracias liberales en todo el mundo y exigen una respuesta internacional. También fuimos recibidos en el Parlamento catalán y el Parlamento europeo.
En última instancia, el aspecto más estratégico de esta defensa no es tanto el resultado de la condena, sino la forma en que se utiliza para juzgar el genocidio en Gaza y la complicidad del Estado francés y sus medidas autoritarias para imponer la criminalización de quienes apoyan a Palestina. En un contexto donde la opinión pública se está volviendo en contra del genocidio y el movimiento solidario está experimentando un nuevo impulso en todo el mundo, el juicio de Anasse Kazib puede ser una fecha importante para marcar el fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina.
