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Red Internacional

Opinión. Jornada laboral de 12 horas: Pilar Cisneros, Natalia Díaz y Marta Esquivel promueven la explotación

Desean hacer del ajuste de ley 21.182 sobre jornadas laborales de 12 horas un "proyecto país"

Sábado 4 de junio | 16:24 | Edición del día

Este ha sido el argumento generalizado en cada reforma aprobada con consecuencias negativas contra la clase trabajadora. Conceder privilegios económicos y políticos a los grandes empresarios, con argumentos homogeneizadores al calor del patriotismo y el nacionalismo que repunta en cada decisión de magnitud económica.

Como bien planteaba Trotsky, "El patriotismo es la principal parte de la ideología mediante la cual la burguesía envenena la conciencia de clase de los oprimidos y paraliza su voluntad revolucionaria". Y es que este acto de convencimiento ha logrado establecer en la conciencia colectiva la idea de que todo lo que acontece en las reformas nacionales no solo se hace por salvaguardar la nación, sino que se abraza como un “proyecto país” con positivas consecuencias para todos y todas. Esto claramente oculta los antagonismos y los beneficios que representan estas reformas para sectores de la clase dominante. En este sentido, la jornada de 12 horas se plantea como un proyecto que busca aumentar la productividad del país. La pregunta atrás de esto es ¿quiénes asumen las ganancias de la productividad y quiénes las pérdidas?

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel Rodríguez afirmó lo siguiente,

«Realmente le digo en el caso particular de nosotras 3 como mujeres (Natalia Díaz -Ministra de Presidencia, Pilar Cisneros -Diputada oficialista y ella misma), las 3 hemos trabajo jornadas de más de 12 horas, tenemos nuestras familias, hemos estudiado incluso después de las jornadas y bueno creo que estamos superando la recta, de que no por ello nos ha afectado la salud o nuestra condición particular»

El criterio personalista de la jerarca de Trabajo y seguridad social en Costa Rica deja claro para quiénes se conduce el Estado y con qué propósito. Se crea la idea de que las condiciones y los privilegios de un sector son, en todo, representativos de la clase trabajadora, aunque en realidad se gestan en condiciones completamente diferentes de acceso a servicios, capital y beneficios: privilegios económicos que les han posibilitado resolver situaciones de la vida cotidiana completamente diferentes a las de las mujeres jefas de hogar, trabajadoras pobres a quienes ni siquiera se les respeta el salario mínimo legal vigente y las cuales no cuentan con redes de apoyo familiar.

Ni qué decir de la diputada oficialista Pilar Cisneros quien mostró todo su apoyo a esta iniciativa reconociendo, sin ningún tipo de conciencia, la carga excesiva con la que ha ejercido su maternidad. Estas mujeres, hijas complacientes del patriarcado y la explotación que asumen como digna una condición explotadora, aquella en la que tienen que asumir cargas excesivas, aun cuando cuenten con todos los privilegios y herramientas para solventarlas, saben que son polarmente distintas a las cientos de trabajadoras que no tienen a su alcance los capitales necesarios para hacer frente a la realidad explotadora que ellas promocionan.

No es por menos que afirmamos que el feminismo por sí mismo, de carácter policlasista, no es una salida a la crisis que acontece. Contrario a esto, una postura de clase, propia del feminismo revolucionario, reconoce las abismales diferencias entre las embajadoras del gran capital, que subliman la experiencia de explotación como experiencia idílica de superación, y quienes recorren día con día la senda de la explotación capitalista marcada en sus cuerpos y en su experiencia de vida.

Cisneros, Díaz y Esquivel insisten en sus argumentos en que la iniciativa (12 horas laborales) tiene un carácter especial y un régimen de excepciones que permitirá a las personas decidir su condición laboral en conjunto con los patronos. Lo cierto es que la cotidianidad, que expresa la norma, evidencia que las personas se ven obligadas a trabajar según las condiciones impuestas por sus patronos, especialmente en el sector privado costarricense donde la negociación y la sindicalización está harto obstruida. Adicional a ello, lo que representa la recarga laboral para las mujeres encargadas del cuidado tiene efectos negativos y significa un gran retroceso, que profundiza los efectos ya conocidos de la pandemia sobre la vida laboral y la ocupación remunerada y no remunerada de las mujeres.

Estas declaraciones demuestran, como se ha dicho en otro momento, que la confianza de la clase trabajadora no puede estar depositada en quienes gestionan el capitalismo y lo representan políticamente. La organización amplia en las calles y la asamblea nacional debe ser una herramienta urgente para ponerse de acuerdo frente a los ataques que el gobierno de Rodrigo Chaves va a impulsar contra la clase trabajadora en sus 4 años de gobierno, en representación política del gran capital.

Las Cámaras Empresariales han venido vendiéndonos la idea de que la implementación de la jornada laboral de 12 horas es un camino a la modernización de la legislación laboral. Lo cierto es que en la gestión del capitalismo periférico estas soluciones creativas para el gran capital representan un retroceso no sólo en los derechos laborales conquistados, sino en la legalización de prácticas cotidianas que se vienen implementando por las empresas, las cuales son blindadas por el Estado jurídicamente.

Si estuvieran realmente preocupados por modernizar la legislación laboral, deberíamos concentrarnos en discutir la aplicación de jornadas laborales de seis (6) horas que permitan construir una cotidianidad que contribuya al trabajo como autorrealización de la humanidad. Que reconozca el ocio y la salud física y mental cotidiana como un espacio de reflexividad para romper la inmediatez que obstruye la capacidad de análisis de las condiciones materiales de existencia y, por tanto, la capacidad de organización. Seis horas laborales con igual salario y mayor distribución de ocupación para superar los índices de desempleo que ahogan en la miseria a más del 15% de la población en esa condición en Costa Rica.




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