Mundo Obrero Costa Rica

TRIBUNA ABIERTA

Invitación a marcha vehicular contra las políticas del gobierno

Presentamos un artículo de Fátima Peraza Orellana, Docente en Liceo Rural, Puerto Viejo de Sarapiquí, asociada APSE, Regional 31 Sarapiquí, en la que nos invita a movilizarnos este jueves 23 contra las políticas del gobierno que aprovecha la pandemia para imponer el ajuste neoliberal.

Miércoles 22 de julio | 20:36

«Mientras las grandes empresas siguen generando ganancias, la educación pública deja de ser prioridad para un gobierno de corte neoliberal. »

La Ley del empleo público y los ataques directos a la educación pública costarricense

El proyecto de Ley 21336, atenta contra la estabilidad laboral y económica de la clase trabajadora, pero más allá de eso, implica un grave retroceso en materia de derechos laborales, violenta el código de trabajo, las garantías sociales, entre otros derechos adquiridos por medio de luchas, negociaciones colectivas y huelgas de la clase trabajadora años atrás.

En el contexto socio político en el que nos encontramos los y las docentes de la educación pública costarricense lo único que es evidente son los ataques directos para abaratar los costos de la educación pública, colocando a este grupo de profesionales en serios desafíos económicos y sociales que precarizan la labor docente.

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Los ataques directos como estrategia ya premeditada

Es importante recordar que la Ley 21049 (Ley anti huelgas) se aprobó con rapidez luego de que el sector docente diera una importante lucha en contra el combo fiscal, el cual claramente afectaría directamente a las familias de clase trabajadora subiendo los costos de los servicios básicos como luz y agua, e incluso en el contexto actual aumentando los impuestos a la canasta básica.

En el escenario actual como como bien advirtieron los sindicatos, en este país hay niveles elevados de desempleo, miles de familias viviendo del trabajo informal, y paralelamente; grandes empresas como Wallmart, zonas francas, piñeras y bananeras con políticas tributarias que protegen sus intereses, con la premisa de que generan empleos, que por cierto son empleos de carácter explotador rayando la línea de la esclavitud laboral.

Esta lucha que dio la clase trabajadora del sector público ante tales ataques. Fue respondida con una ley que limita y define cualquier lucha de la clase trabajadora. En ese sentido, se violenta gravemente la libertad sindical, se restringen los fines, motivos y se permite declarar una huelga ilegal ante todo aquello que vaya en contra de las política neoliberales del gobierno; bajo este criterio se realizarán “castigos” económicos para los y las trabajadoras que participen de huelgas declaradas ilegales y de paso, es importante recordar que, en el 2019, se prohibió a las conserjes y cocineras de este país el derecho a la huelga, entre muchas otras graves implicaciones.

Pero ninguna de las situaciones antes mencionadas son casualidad, considerando que las estrategias del gobierno son claramente neoliberales e incluso anticonstitucionales, es evidente que, para el gobierno, la clase trabajadora unida representa la capacidad de frenar las políticas antidemocráticas que se le ocurren al gobierno para favorecer los intereses de unos pocos, los ricos de siempre.

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La docencia y la precarización del sector educación

En este contexto de pandemia, el gobierno se vale de todas sus restricciones a la protesta social y de las diferentes medidas sanitarias para amedrentar al sector educación, y tomar decisiones que van a afectar de manera directa en la calidad y estado de la Educación Pública costarricense. En este sentido se denuncia que, el pago de la zona de menor desarrollo (Zonaje MEP) no se realizará durante este año 2020, a pesar de que muchos y muchas docentes siguen pagando alquileres, y viviendo en zonas donde los servicios básicos escasean, zonas que están devastadas por las bananeras, las piñeras, y donde la población en su mayoría migrante se ve obligada a trasladarse de un país a otro según sean las posibilidades de empleo, vivienda y comida, aumentando a nuestro trabajo el nivel de riesgo de contagio y la cantidad de horas trabajadas, ya que implica adecuarnos a zonas con situaciones sociales propias de la violencia estructural de la pobreza.

Por otro lado, se compromete el cobro del fondo de capitalización laboral; y en el proyecto de Ley de reducción del salario en el empleo público, las reducciones se dan en su mayoría a los y las docentes del Ministerio de Educación Pública, resultados que no se ven reflejados de igual manera en el Ministerio de Hacienda, o El Ministerio de Justicia, por ejemplo.

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Se anuncia despidos en el sector educación, se anuncia ceses de nombramientos, se anuncian recortes al salario de los y las docentes, se reduce la dedicación exclusiva del 50% al 25%, se elimina el pago de la zona de menor desarrollo, se atenta contra el pago de las anualidades y de la carrera docente. Todos esos son ataques directos, decisiones tomadas convenientemente en un contexto de pandemia un gobierno que conoce las fuerza de la clase trabajadora organizada luchando contra las injusticias sociales.

Este también es un llamado a mis colegas docentes a recordar nuestro compromiso social, ¿Dónde quedan nuestros esfuerzos, desde primaria hasta secundaria sin el acceso a las universidades públicas? Este contexto afecta a toda la clase trabajadora en general y limita las oportunidades de las personas adolescentes, el contexto de muchos liceos rurales en estos momentos es de reducción de presupuestos, incluso las juntas directivas tuvieron que regresar dineros, a pesar de que no se está dando abasto con la entrega de los paquetes de comida, ya que en la ruralidad, la pobreza es parte de cada una de las personas, que se encuentran pagando los platos rotos de la desigualdad social. Es por eso que debemos buscar las alternativas para protestar, pero quedarnos en silencio no debe ser una opción.

Es un recordatorio de que la mirada educativa se realice desde la solidaridad de toda la clase trabajadora. Estamos luchando no solamente por nuestros derechos como personas trabajadoras, sino por el futuro de nuestros y nuestras estudiantes.

Sindicatos convocan

El día jueves 23 de julio se realizará una marcha regionalizada vehicular, en defensa de los derechos del pueblo. Salida: 9:00am

Exigimos:
1. Que no se cesen los contratos laborales de las personas trabajadoras del sector público y privado.
2. Cero impuestos a la canasta básica.
3. Que el ROP se entregue de manera completa a las personas que se pensionen.
4. Que se elimine la pretensión del gobierno de ponerle impuesto al Salario Escolar.
5. Que cobre un impuesto al patrimonio de los bancos y a las grandes empresas.
6. La defensa y no privatización de la Caja Costarricense del Seguro Social.
7. Que se desista de la aprobación de la Ley del Empleo Público, ya que implica una amenaza para las personas de clase trabajadora.
8. Que no se congelen las anualidades.
9. Que la crisis la paguen los ricos no la clase trabajadora.
10. La defensa del Instituto Nacional de Aprendizaje.
11. El retiro definitivo del proyecto 21738.

Fátima Peraza Orellana
Docente en Liceo Rural, Puerto Viejo de Sarapiquí.
Asociada APSE, Regional 31 Sarapiquí.

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