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Red Internacional

Medidas como el anuncio de la venta de instituciones públicas o el aumento salarial de los ministros a costa de un recorte al Ministerio de Cultura demuestran que la ruta que el Gobierno está por impulsar no es diferente, en el fondo, a la de los últimos gobiernos: Más ajuste y más endeudamiento para las familias trabajadoras.

Miércoles 31 de agosto | 17:56 | Edición del día

¿Nueva ruta o viejo ajuste?

El presidente Rodrigo Cháves asumió la presidencia el pasado 8 de mayo con altos índices de aprobación, es decir, con una serie de expectativas de cambio por parte de sectores amplios de la población.

Sin embargo, los primeros meses de gobierno marcan una ruta que no es nada novedosa en el fondo: la política económica de Cháves descansa sobre un mayor endeudamiento al mercado internacional y la compra de unos $12.000 millones en eurobonos. Una medida que habría sido impulsada desde el anterior gobierno del PAC de Carlos Alvarado, y que ha sido valorada positivamente en general en la Asamblea Legislativa, sobretodo por figuras como Rodrigo Arias del PLN y Eliécer Feinzag del PLP; aunque Sofía Guillén del FA diga que duda de la “transparencia” del gobierno en el fondo tiene acuerdo con el endeudamiento.

La medida supondría cambiar una deuda a corto plazo y con altas tasas de interés por títulos de deuda en mejores condiciones, un supuesto cambio de una “deuda cara” a una deuda “barata”.

La discusión sobre el endeudamiento ocurre mientras el país en general enfrenta la tasa de inflación más alta desde el 2009, un año después de la explosión de la gran crisis financiera internacional del 2008. Según datos del INEC, los productos que mayor aumento de precio han tenido en el último año han sido el tomate, la cebolla y las papas, seguidos por el transporte en autobús y el aceite de cocina.

El alto costo de la vida ha cobrado factura al gobierno, así como el recorte a las universidades. El martes Chaves canceló su aparición en un evento en Puerto Viejo de Limón aduciendo “problemas de tiempo”, pero lo esperaban pancartas y reclamos de vecinos del área por la situación económica.

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Amenazas y recortes

En el panorama descrito, en donde la inflación mantiene productos básicos en alza y con el Gobierno enfocado en llevar adelante su política de deuda, los primeros golpes no se han hecho esperar.

Con tan solo unos días gobernando, Cháves habría anunciado un aumento del 100% del salario base de los ministros de gobierno. Esta medida abrió el debate sobre la regla fiscal, instrumento que él mismo impulsó durante su período como Ministro de Hacienda del gobierno anterior, el cual sostiene un congelamiento generalizado de salarios y plazas públicas en pro de la “salud fiscal” del país. Una salud que de nuevo recae con todo su peso sobre la espalda de los sectores empobrecidos y sobres miles de familias trabajadoras que ahora hacen malabares para lidiar con la elevada inflación.

El aumento salarial de los ministros ya anunciaba un recorte a algún otro sector de la población, siendo el Ministerio de Cultura el chivo expiatorio. El presupuesto extraordinario que presentó el Gobierno para subir los salarios de sus ministros, hoy se paga con la partida presupuestaria de los proyectos del Ministerio de Cultura, dejando proyectos como el Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita sin fondos. Una vez más, es el acceso a la cultura y la recreación de la juventud la que paga la “salud fiscal” y la “competitividad”.

Una salida en defensa de las demandas de las mayorías

Cuando los políticos y empresarios usan este discurso, se refieren a las formas en que obligan a que otros paguen por la crisis económica, mientras ellos disfrutan de los beneficios de la política entreguista del gobierno en sus distintas versiones. Ya sea con medidas del tipo de la venta de instituciones y reducción de presupuesto en instituciones, o sin ellas, todo el arco político en la Legislativa se presta a aplicar un ajuste contra las mayorías y la clase trabajadora.

Desde OSR planteamos la necesidad de poner sobre la mesa demandas como una campaña por la jornada laboral de seis horas para que trabajen todos sin reducciones salariales, por congelamiento de los precios de la canasta básica como resuena en las movilizaciones en el país vecino Panamá; contra todos los recortes, contra la precarización e informalidad: contratos de trabajo colectivos y plaza permanente.

Demandas que pueden ser una salida donde no sean la clase trabajadora y el pueblo pobre quiénes paguen los daños, como el no pago de la deuda externa y el uso de esos recursos en las necesidades más sentidas para las mayorías como la seguridad social, el cuido y la educación, vivienda, etc.




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