En apenas cinco años, Perú ha tenido 6 presidentes, dos congresos, múltiples escándalos de corrupción y constante conflicto entre el poder ejecutivo y legislativo. Hoy se encuentra gobernando ilegítimamente Dina Boluarte, tras la destitución de Pedro Castillo por parte del congreso luego de un intento por disolverlo. Aquellos son ejemplos de la profunda crisis orgánica que deriva de causas estructurales relacionadas con el agotamiento del modelo neoliberal, que en Perú es respaldada por una constitución que rige desde 1993 como herencia del fujimorismo.
101 votos a favor de la moción de vacancia que destituyó al Presidente
El Parlamento en Perú ya había votado dos veces una moción de vacancia para destituir al Presidente, ante esto el día 7 de diciembre Pedro Castillo decidió determinar la disolución del ente legislativo, decretando un gobierno de excepción. Ante esto, el congreso votó por tercera vez la vacancia, efectuando un golpe parlamentario que saca a Castillo, gracias a la constitución fujimorista aún vigente en el país vecino que lo permite.
En los últimos cinco años el país ha tenido 6 presidentes y dos congresos además de múltiples escándalos de corrupción, además de procesos como este que terminaron en la caída del Presidente Kuczynski en 2018 o en 2020 con Martín Vizcarra. Aquellos son ejemplos de la profunda crisis orgánica que tiene sus raíces en el agotamiento del modelo neoliberal y que en Perú es respaldado por una constitución antidemocrática que rige desde 1993 como herencia del fujimorismo.
Si bien Pedro Castillo acompañó la disolución del Parlamento con la convocatoria a un nuevo Congreso que tuviese facultades constituyentes, este tampoco contaba con la fuerza para imponer una medida como esa. No tenía el apoyo de las fuerzas armadas, y tampoco el apoyo con el que había ganado las elecciones, con un presidente que incluso se abrazó con la extrema derecha parlamentaria, echando pie atrás mucho del programa por el que amplios sectores populares lo votaron.
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Asume ex vicepresidenta Dina Boluarte como Presidenta del Perú
Tras la destitución de Pedro Castillo, la ex vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió en la presidenta del Perú, asumiendo de acuerdo a la constitución política del Perú, hasta el año 2026 inicialmente.
Luego de esto, las movilizaciones populares se han acrecentado y en respuesta ha aumentado la represión por parte de las fuerzas armadas y de orden público. Con el fin de apaciguar las manifestaciones y buscar una salida que preserve el régimen actual, Dina anunció el adelanto de las elecciones para el año 2024 primero, y luego para fines de 2023, además de decretar inmediatamente el estado de excepción en las zonas de “mayor conflictividad” como ella misma lo señaló.
Aquellas medidas no son más que paños fríos para enfrentar la profunda crisis estructural del régimen peruano además del enorme descontento social, poder calmar los ánimos y ganar tiempo para que sea la misma casta de políticos quienes puedan cocinar una salida que responda a los intereses de los grandes empresarios. Son incluso los grandes bancos los que proponen a Perú que realice reformas que profundicen las privatizaciones con la excusa de la “productividad” y en un contexto de próximas crisis y recesiones a nivel internacional.
Al menos 6 muertos: aumenta la represión para acallar la protesta
Ayer el gobierno decidió ampliar el Estado de excepción por 30 días y a nivel nacional, buscando extender una medida que ya Boluarte había decretado pero solo para algunas zonas del país. ¿Qué implica esta disposición? Se suspende el derecho a que nadie puede ser detenido sin una orden judicial, se permite el registro de hogares sin mandato judicial ni delito flagrante y el derecho a reunión y a libre tránsito por el territorio nacional, están restringidos a la autorización de la policía o militares.
Las manifestaciones se han visto en ascenso, en rechazo a la acción del parlamento, exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones. También amplios sectores exigen la redacción de una nueva constitución, que se percibe como un símbolo del “fin” a la herencia fujimorista contra la cual se dirige gran parte del descontento popular.
Como ejemplo se han registrado de norte a sur diversos cortes de carretera, manifestaciones en establecimientos educacionales con el paro indefinido de profesores, la toma de una planta de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) que distribuye el 96% del gas que produce el país, así como la toma de varias universidades públicas impulsadas por sus Federaciones estudiantiles.
Además, para el martes 13 el Frente Agrario y Rural del Perú convocó un paro nacional, mientras que para hoy la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (agrupación cercana al presidente y profesor Pedro Castillo), ha llamado a una jornada nacional de lucha en el marco de un Paro Nacional convocado por diversas organizaciones sociales.
Frente al descontento social, el gobierno ilegítimo de Boluarte ha respondido con brutal represión, los medios populares han informado en suma 6 muertos (incluidos dos menores de edad), decenas de heridos e incluso periodistas de medios independientes han señalado la existencia de personas desaparecidas durante las manifestaciones.
Por una salida independiente de los trabajadores, campesinos y sectores populares
Ante la crisis orgánica y el actuar de la derecha, la única salida radica en desarrollar los espacios de autoorganización obrera y campesina, que promueva un plan de organización de la movilización, para que sobre esas bases se impulse una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, con delegados electos revocables, que ganen el mismo sueldo que un trabajador, que tenga poder de decisión sobre los aspectos económicos y estructurales del país y que pueda decidir sobre cómo enfrentar la crisis en función de los intereses del pueblo trabajador y popular, y no de los grandes empresarios.
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