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ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

Adopción anticipada: un ataque anti derechos del Gobierno. Exigimos el aborto legal

El proyecto para tramitar una "adopción anticipada" pretende ser una opción para los embarazos no deseados y evitar el aborto. Contrario a lo que el Gobierno y los diputados conservadores plantean, el aborto libre, legal, seguro y gratuito, junto con el acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual integral, es necesario y debe ser un reclamo que el movimiento de mujeres debe exigir con fuerza este 28 de setiembre 28S.

Miércoles 26 de agosto | 23:06

El Gobierno, junto con el diputado republicano Otto Vargas, están impulsando el proyecto de ley sobre adopción anticipada, el cual ya cuenta con la aprobación de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este proyecto "permite tramitar la adopción de bebés antes de que estos nazcan, en los casos de madres que no quieren o no pueden criarlos", especialmente en casos donde las mujeres padecieran de agresión sexual, con el fin de "reducir los abortos clandestinos".

Mauren Solís, jueza de familia y magistrada de la Sala Segunda, afirma que el proyecto es una opción para “mujeres embarazadas que no quiere cometer el delito de aborto, o para quienes el aborto no es una opción, por diferentes razones, pero tampoco desean ser madres”. Solís también afirma que, antes de finalizar el proceso de adopción anticipada “se le da la oportunidad a ella de que se retracte”.

"Adopción anticipada": un ataque al derecho a decidir

El proyecto de adopción anticipada es un intento del Gobierno y sus diputados por sacar de la mesa el tema del aborto legal, aun cuando el mismo es una necesidad real en Costa Rica y el mundo, pues es un hecho que los abortos, sean seguros o clandestinos, existen, y son las mujeres de clase trabajadora quienes se someten a estos últimos, corriendo riesgos para sus vidas y su salud.

Además, es un ataque por parte del Gobierno, pues obliga a las mujeres a tener embarazos no deseados, negando el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestras vidas, sexualidades y cuerpos, sin que medie la opinión del Estado, las iglesias y terceros. Esta es la “opción” que presentan, frente al hecho de que todas las semanas al menos 5 niñas menores de 14 años se ven sometidas a embarazos no deseados, reafirmando así el control patriarcal sobre los cuerpos, la reproducción, la vida y la salud de las mujeres, mediante una ley que profundiza la ilegalidad y la clandestinidad del aborto.

También es un insulto para todas las mujeres que buscan interrumpir el embarazo no deseado, así como para el movimiento de mujeres, que viene exigiendo la legalidad del aborto en Costa Rica.

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Por otro lado, el proyecto, como se ha manifestado ya, surge sobre la base de categorizar al aborto como un delito, siendo un factor que culpabiliza a las mujeres por no desear ser madres. El aborto no es un delito, sino que forma parte del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sin que sea el Estado ni las iglesias.

Además, aunque el proyecto indique que se estaría regulando que las adopciones anticipadas no abran paso a la trata de personas, no hay certeza de que esto no suceda. Tal es el caso de Guatemala, donde en 1997 se reveló la participación de una mafia de médicos y abogados, en un negocio millonario internacional, llevado adelante por el Estado guatemalteco, en el cual se vendieron más de 35 mil niños, para lo cual utilizaron a mujeres de sectores vulnerables.

Por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito este 28S

Las declaraciones de Solís resultan ser un cinismo, pues si bien hoy en día el aborto no es una opción para todas las mujeres, la salida no debe ser obligar a llevar a cabo un embarazo no deseado, sino organizar la pelea para que el aborto sea legal. Bien sabemos que el aborto seguro no es una opción viable para las mujeres de clase trabajadora, quienes no pueden costearse un aborto en una clínica privada, o salir del país. Estas son las mujeres que deben someterse a abortos clandestinos, poniendo en riesgo su salud y sus vidas.

Sin embargo, ante este panorama, la solución no pasa por imponerles un embarazo que no desean. En su lugar, la opción al aborto libre, legal, seguro y gratuito, debe garantizarse en los hechos, y para eso, el movimiento de mujeres debe reclamar con todas sus fuerzas, este 28S por el derecho democrático al aborto legal, libre, seguro y gratuito. Esta debe ser una decisión libre, sin que medie el Estado ni las iglesias.

Vale la pena recordar la experiencia en Argentina, donde hace dos años, los dinosaurios del Senado en Argentina demostraron estar a favor del aborto clandestino, aunque esto signifique que la vida de las mujeres peligre. Esta misma parece ser la lógica del gobierno en Costa Rica, pues nuestros derechos democráticos, nuestra salud y nuestra seguridad, no son ninguna prioridad. El movimiento de mujeres no puede depositar su confianza en el Gobierno, que no duda en llevar adelante políticas que empobrecen a la clase trabajadora, de la cual, las mujeres formamos parte. Tampoco en un Gobierno que es cómplice y que mantiene la estructura patriarcal.

La materialización en los hechos del aborto libre, legal, seguro y gratuito, solo la garantizará la pelea del movimiento de mujeres, independiente de los gobiernos de turno, que negocian con nuestras vidas.

Es necesario pelear por la separación real entre las iglesias y el Estado, pues nuestros derechos deben basarse en las necesidades reales que tenemos las mujeres, y no en creencias patriarcales sobre nuestros cuerpos. El aborto libre, legal, seguro y gratuito, junto con el acceso irrestricto a métodos anticonceptivos, y educación sexual integral, de acuerdo a las edades y sin influencias de las iglesias, es una tarea pendiente. Es una deuda histórica, y una demanda que, siendo el aborto un tema de salud pública, es más que necesario en tiempos de pandemia.

Hacemos un llamado a todo el movimiento de mujeres, para exigir, este 28 de setiembre #28S, con todas nuestras fuerzas y confiando en nuestros métodos de lucha, el aborto libre, legal, seguro y gratuito, así como la separación real de las iglesias y el Estado.

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